Termina el primer trimestre y el nuevo gobierno va a cumplir un mes. ¿Y al sur del Biobío qué? Quizás habrá escuchado sobre camiones quemados, terrorismo desatado y una singular confrontación entre fiscales y policías a raíz de la Operación Huracán. Todo fragmentado y diluido entre medio de los inacabables asaltos y accidentes santiaguinos, artistas veraniegos y goles con que nos embotan los sentidos los noticieros centrales, cada noche.

Lo cierto, es que acá sucede bastante más, aunque nada auspicioso. Como veremos, ante las reiteradas y explícitas fallas del estado en resguardar los derechos básicos -cómo la vida y la libertad de expresión- de personas chilenas y mapuche, e incluso ante la demostrada e internacionalmente condenada vulneración de derechos a manos de fuerzas policiales, paradojalmente el nuevo gobierno responde mediante una sorda violencia, instalando la tesis terrorista que justifique la futura paz armada y la división entre los buenos civilizados y los malos bárbaros.

Revisemos algunos acontecimientos de inicio de año. En Cañete, durante enero se efectuó la formalización de un grupo de chilenos y mapuche que habían tomado la sede de Conadi a mediados del año pasado, para exigir un pronunciamiento de las autoridades respecto a la violencia ejercida por agentes policiales contra niños mapuche. No se trataba de un arrebato cualquiera, sino de paciencia agotada y dolor acumulado, como en todo el Territorio Mapuche. Desde el año 2009 la Unicef hizo pública su preocupación (Ver: Unicef preocupada por violencia contra niños mapuche) y hacia acá la situación no ha menguado (Ver: Territorio en Conflicto: violencia contra niños). La distancia y poca información al respecto dificulta dimensionar la gravedad del delito. El reportaje “La niñez marcada” le puede ayudar a hacerse una idea. Hasta hoy, no hay respuestas de autoridad alguna, en un tiempo que la infancia es una preocupación política.

También durante el mes de enero, y gracias al esfuerzo familiar para reunir fondos y pagar un nueva autopsia, se determinó que la defensora ambiental Macarena Valdéz -hallada ahorcada en su casa en agosto del año 2016, en el contexto de un conflicto con empresas hidroeléctricas por la instalación de centrales de paso, en la comuna de Panguipulli- no se suicidó (Ver: Marido de Macarena Valdéz…). ¿Qué sucedió entonces? Aclarar esto es de suma urgencia e importancia. Si en este país a quién se moviliza socialmente por sus derechos se le puede asesinar impunemente sin que esto preocupe al Estado y la sociedad, nos acercamos a límites peligrosos. Tanto o más como el aborrecible crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay.

Y mientras el Informe 2017/18 Amnistía Internacional: la situación de los derechos humanos en el mundo (Ver: pp. 145-147) volvía a llamar la atención sobre el uso excesivo de la fuerza policial sobre mapuche y la aplicación de la ley antiterrorista; el Estado chileno se veía en la necesidad, CIDH mediante, de asumir su responsabilidad en el asesinato del adolescente mapuche Alex Lemún, muerto de un balazo en la cabeza por un agente policial allá por el año 2002 (Ver: Estado chileno admite responsabilidad en muerte de joven mapuche Alex Lemún). La Justicia Militar, a la que se acogió el policía, sobreseyó la causa, motivo por el cual se debió recurrir a la CIDH. El Estado se debe comprometer, entre otras cosas a tomar medidas para evitar el abuso de fuerza policial.

La Operación Huracán. Para ser sinceros, por estas tierras hace rato que se habla de vehículos cargados con municiones o armas, teléfonos interceptados o camionetas que te siguen al trabajo y a tu casa durante algún tiempo buscando amedrentar. El nombre deLeonardo Osses, también es tristemente familiar. Y si bien, es positivo que esto salga a la luz, es preocupante como se le ha bajado el perfil tanto comunicacional como políticamente, tratándolo como un hecho aislado y desde una perspectiva de eficiencia/ineficiencia indagatoria o lucha entre fiscales y policías.

Sin embargo, una línea de abordaje que ponga énfasis en una acción sistemática de persecución y abuso contra personas movilizadas socialmente por la reivindicación de los derechos del Pueblo Mapuche, es absolutamente ignorada. Al menos es extraño, considerando que: (1) entre los posibles implicados hay altas autoridades, como el exjefe nacional de inteligencia el general (R) Gonzalo Blu -quién solicitó ser procesado por la justicia militar, la misma que sobreseyó el caso de Alex Lemún-, pasando por el exjefe de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de Temuco e incluyendo al segundo al mando de dicha Unidad, el capitán (R) Leonardo Osses; (2) hace años distintos líderes mapuches vienen acusando persecución y uso abusivo de la fuerza policial; (3) distintos organismos nacionales e internacionales de defensa y promoción de los derechos humanos han llamado la atención a distintos gobiernos chilenos sobre abuso de fuerza policial y abordaje del conflicto reñido con los derechos humanos (Ver: Cambia, nada cambia: nueva muerte mapuche).

Finalmente, y para terminar el contexto de inicio de año, algo alarmante que grafica la situación de vulnerabilidad de derechos y falta de garantías ante las fuerzas policiales a la que está expuesto quién reivindica derechos en este territorio. El Fiscal Regional de la Araucanía debió pedir resguardo policial a la PDI por sentir amenazada su seguridad por seguimiento de Carabineros (Ver: Comunicado de prensa: situación Fiscal regional Cristián Paredes). Si la DIPOLCAR tiene poder y falta de contrapesos para realizar una acción como esa a un Fiscal ¿Qué seguridad pueden tener quienes se movilicen socialmente para exigir derechos? Nada más imagine como funciona esto en un territorio fuertemente presionado como éste.

Ante todo esto, era de esperar alguna reflexión gubernamental crítica acerca del enfoque estatal para abordar las reivindicaciones de derechos políticos del Pueblo Mapuche, instalar protocolos claros que objetivamente impidan el abuso de fuerza policial, establecer medidas de protección a la infancia mapuche, fortalecer el resguardo del derecho a la libertad de expresión e indagar seriamente sobre el modo en que las industrias se instalan en territorios indígenas. Sin embargo, antes de un mes de gobierno, las medidas parecen ir en otra dirección. Paradojalmente, siendo los agraviados el movimiento y el Pueblo Mapuche, la respuesta del Estado, como en el 2002, han ido orientadas a recrudecer más aun la represión y el discurso del “enemigo interno”. El mundo al revés.

Ya antes de su instalación, las fuerzas del nuevo gobierno comenzaron a dar señales por dónde irían los tiros. Se inició instalando suavemente dos ideas: no ratificar el Convenio n° 169 de la OIT (Ver: Preocupación por eventual retiro del Convenio 169 de la OIT bajo el gobierno de Sebastián Piñera) y modificar la Ley Lavkenche (Ver: Sofofa organiza mesa con gremios para pedir ajustes a la Ley Lavkenche). Ambos instrumentos resguardan los derechos indígenas en el único país del continente que no los reconoce constitucionalmente. Esto es muy gráfico de la relación del Estado chileno con el Pueblo Mapuche: el gobierno anterior prometía fortalecer la Consulta indígena, piedra angular del Convenio, mientras que el siguiente gobierno, fragua la no renovación del Convenio. Después dicen que es difícil negociar con los mapuche porque no se sabe con quién hablar.

En su primera visita a la Araucanía, los mensajes políticos enviados por el presidente fueron tan claros como desconcertantes, sobre todo considerando el contexto recién descrito. Su primer acto, fue liderar el primer encuentro del Consejo de Seguridad Macro Zona, en que participaron las principales autoridades políticas, policiales y judiciales. Este parece ser el enfoque sobre la relación con el Pueblo Mapuche. La obcecada idea de instalar la existencia de terrorismo.

El segundo acto, anunciar modificaciones a la ley antiterrorista volviendo a figuras tales como la de testigos protegidos o la creativa tipificación de delito terrorista individual. Oídos sordos a los múltiples llamados internacionales contra el uso de esta nefasta ley para abordar el conflicto (Ver: 100 días de huelga de hambre ni política pro vida ni defensa de los dd.hh.) Todo esto aconteció junto a las víctimas de la “violencia rural” donde no había ninguno de los niños mapuche violentados, familiares de Macarena Valdéz o Alex Lemún o alguno de los líderes mapuche encarcelados por la Operación Huracán apoyada activamente por el Estado ni tantos otros y otras que no clasifican como víctimas, pues la lógica racista considera al mapuche como victimario.

También durante estos primeros días el nuevo gobierno dejó claro desde donde trabajará para imponer la seguridad, el orden y la paz en el territorio. La designación de autoridades cercanas a los grupos empresariales en conflicto con comunidades mapuche, que sostienen la tesis del terrorismo y han interpelado a los gobiernos anteriores a restablecer el estado de derecho, son señales claras. El gobernador de Malleco, por ejemplo, está estrechamente relacionado con la industria forestal; o el del Intendente de la Araucanía, Luis Mayol, ex presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, implicada en el conflicto con el Pueblo Mapuche. Sin ir más lejos, el Intendente ya invocó antes del mes la ley antiterrorista.

Y para broche de oro, la creación de una policía antiterrorista alojada en la macro zona Biobío-Los Ríos, completan la presentación del nuevo enfoque gubernamental respecto al conflicto entre el Estado chileno, las industrias y el Pueblo Mapuche.

En este sentido, la acción abusiva y violenta, ejercida por fueras policiales y mandatada por el alcalde, para expulsar del centro de Temuco a mujeres mapuche que venden sus hortalizas desde que existe la ciudad, no solo es muestra de la falta de sentido común, sino de las nuevas prerrogativas para ejercer violencia e imponer un determinado orden en el territorio, que encuentra sustento en las medidas y señales políticas enviadas en este primer mes por el nuevo gobierno.

Éste, no es el camino. Al menos, no para una paz duradera que brote de la justicia. ¿Cómo explicar a las nuevas generaciones mapuche que la democracia chilena es un espacio de diálogo y reconocimiento? Afortunadamente hay gente chilena y mapuche que se moviliza para hacer de este un país más ancho, inclusivo y justo. ¿Los fuegos de artificio? los puede seguir sintonizando en su noticiario favorito.

David Soto SJ