El estado chileno arrastra un conflicto político con el Pueblo/Nación mapuche desde hace más de un siglo, tal como lo han reconocido diversas comisiones nacionales y lo han corroborado visitadores de derechos humanos de la ONU en diversos momentos. El estado chileno, persistente y obstinado en su negativa a abordar políticamente las legítimas demandas mapuche, ha optado por una estrategia de judicializar y criminalizar toda búsqueda de reconocimiento de derechos de este Pueblo/Nación. Resultado a esa violencia, más violencia.

Al contexto favorable para la violencia propiciado por la estrategia policial del estado, hay que sumar las nada amigables industrias que se apropian del territorio para sus fines económicos, dejando a su paso pobreza, contaminación, agotamiento de las aguas, enfrentamiento entre comunidades y un suelo y mar agotado y desertificado. Pero esto no es todo. Estos últimos meses han dejado en evidencia uno de los propulsores de esta violencia, que por lo general es invisibilizado por los medios de comunicación que se obnubilan con algún camión ardiendo: el racismo.

Esto es lo que está detrás de violencias gratuitas e injustificadas, como las que sufrió Lorenza Cayuan, quien estando sedada para dar a luz fue engrillada a la camilla; o Brandon Hernández Huentecol, un menor de edad sin antecedente delictual ni vínculo con organización peligrosa para el estado, en un control de identidad recibió de parte de personal del GOPE cien perdigones en su cadera por “accidente” – que supone, o haber desactivado por “accidente” cuatro mecanismos de seguridad del arma, o bien, haber estado con el arma lista para disparar en un contexto de tranquilidad; o finalmente, los disparos efectuados por personal del GOPE que hirieron gravemente a Renato Lincopan Cona y Jorge Colil, quienes ni portaban armas ni habían participado en ilícito alguno. Todas estas agresiones, que expresan muchas otras gratuitas e injustificadas, parecen movidas por el odio más que por un afán de traer seguridad u orden al territorio. Los últimos acontecimientos violentos en contra de personas mapuche parecieran responder a un racismo aguijoneado que suda odio. No hay paz posible por esa vía.

Nuevamente, es necesario hacer un llamado al gobierno sobre la necesidad de avanzar hacia una real voluntad de abordar políticamente las demandas por reconocimiento, territorio y autodeterminación del Pueblo/Nación Mapuche.

Mapuches y chilenos hastiados y cansados de la violencia racista se han congregado en distintas localidades de territorio mapuche para exigir el término de esta situación. Manifestaciones absolutamente pacíficas, como la ocurrida en Tirúa el 27 de diciembre del año 2016, pero también muchas otras, han sido cubiertas por fuerzas del Gope de modo absolutamente desproporcionado, propiciando dinámicas contrarias a la construcción de paz y seguridad en Wallmapu. No así, de la generación de odio y extremismo.

El racismo que existe en nuestro país y que largamente han padecido nuestros hermanos y hermanas mapuche, se expresa también en las últimas acciones policiales ejercidas contra personas mapuche en los casos expuestos. Situación triste e injusta, pero ante todo peligrosa en la medida que tal racismo pueda estar siendo azuzado formativamente con fines estratégicos y de eficacia en el combate contra la violencia rural – término con el cuál se ha buscado invisibilizar las legítimas demandas políticas del Pueblo/Nación mapuche.

Nuevamente, es necesario hacer un llamado al gobierno sobre la necesidad de avanzar hacia una real voluntad de abordar políticamente las demandas por reconocimiento, territorio y autodeterminación del Pueblo/Nación Mapuche. Una oportunidad única tienen los gobernantes chilenos de iniciar una transformación profunda en nuestra convivencia. Un estado que en un marco plurinacional reconozca al Pueblo/Nación Mapuche y decida acabar con toda forma de racismo. Un primer paso, acabar con la desproporcionada presencia en el territorio de Fuerzas Especiales, armamento y vehículos más propicios para una guerra que para traer paz y seguridad a este territorio. Un segundo paso, capacitación en derechos humanos a los contingentes policiales que envían al territorio. Y tercero una política de estado en relación al territorio que esté mas cerca del respeto al medioambiente y el derecho de quienes vivimos aquí a decidir sobre el territorio.

Publicado en El quinto poder.

David Soto SJ