En enero de este año, la Comisión presidencial para la Araucanía evacuó sus conclusiones para mejorar la relación entre Estado chileno y Pueblo Nación Mapuche. Tristemente, destacan más los sesgos e insuficiencias que las propuestas que nos encaminen a la paz (Ver: Comisión presidencial Araucanía: otra oportunidad fallida).
A fines de junio, la Presidenta de la República anunció el Plan de Reconocimiento y Desarrollo Araucanía, basado en el informe de la Comisión presidencial recién señalado. Y qué decir, sencillamente: “de tal palo, tal astilla”. Veamos por qué.
La falla estructural: ser un plan y no una propuesta dentro de un proceso de diálogo que reconozca al Pueblo Mapuche como contraparte. Es decir, continuar conversando y escuchar qué tiene que decir el Pueblo Mapuche sobre esta propuesta y así continuar hasta alcanzar entendimiento. Esto sería iniciar un reconocimiento al Pueblo Mapuche como sujeto político y no como objeto de políticas, beneficios o planes. El único plan posible es aquel que es fruto de tal proceso de diálogo. En este sentido, el Pueblo Mapuche no necesita que le den un plan para vivir bien y desarrollarse, sino ser reconocido políticamente. Un proceso de esa magnitud, no solo necesita más de seis meses, sino sobre todo la convicción de que la paz se construye junto a los mapuche, como opción de Estado.
Otro aspecto lamentable es la subvaloración y ambigüedad respecto al Proceso Constituyente Indígena. El proceso de participación institucional indígena más amplio de la historia, con aproximadamente 17.000 partícipes, ocupa un lugar marginal y poco claro. Los resultados demuestran el apoyo transversal de las demandas mapuche (Ver: Proceso Constituyente Indígena, resultados para digerir) ¿Por qué no fue este informe, base para un diálogo con miras a elaborar en conjunto un plan? Misteriosamente no se mencionan los criterios y personas que se utilizarán para seleccionar las materias a ser consultadas para ser incluidas en el anteproyecto de la nueva Constitución. Una cosa es incluir proposiciones periféricas a las demandas, tales como mejoramiento de viviendas (p. 205), y otra muy distinta es acoger aspectos centrales de lo demandado, como asegurar el derecho al autogobierno como medida fundamental para que los pueblos indígenas se hagan cargo, efectivamente, de la organización político-administrativa (p. 194) de sus territorios. Lastimosamente, la historia enseña que tales omisiones no acaban favoreciendo a los mapuche.
La larga historia de comisiones, mesas, planes, comités, promesas y un largo etc., dirigidos a abordar el conflicto entre el Estado chileno y el Pueblo Mapuche solo ha conocido de fracasos. En este sentido, la triste incapacidad del Estado de aprender de sus errores y horrores, es solo superada por la indolente falta de voluntad política para llevar adelante un proceso de largo aliento junto al sujeto político Pueblo Mapuche.
Una reparación dispar. Comunicacionalmente, el anuncio del Plan brilló por la petición de perdón de la Presidenta. Sin embargo ¿cuáles son las medidas reparatorias? Más de un siglo de errores y horrores por parte del Estado y no hay acciones reparatorias. Si bien el tercer ámbito del plan, dedicado a todas las víctimas de la violencia, presenta claras y concretas medidas de reparación, ninguna está dirigida a los mapuche. Al menos el mañoso y discriminador término “violencia rural” fue reemplazado por “todas las víctimas de la violencia”, bastante más apropiado para comprender la complejidad del conflicto. Lamentablemente, este cambio no impacta en las medidas. El tercer ámbito del Plan alude a las víctimas de la “violencia mapuche”, ignorando a las también víctimas mapuche de la violencia estatal-policial y empresarial. Numerosas instituciones abocadas a la defensa de los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales han denunciado esta situación (Ver: Cambia, nada cambia: nueva muerte mapuche). Más aún, hay situaciones recientes y paradigmáticas de violencia: contra niños mapuche como los de la comunidad de Temucuicui, contra jóvenes mapuche como Brandon Hernández Huentecol, contra mujeres mapuche como Lorenza Cayuan, o contra comuneros mapuche como Jorge Colil y Renato Lincopán. Al parecer los mapuche no caben en el “todos” de las víctimas de la violencia.
Las forestales y otras industrias que dañan el territorio son las grandes ausentes. Como si no se hicieran parte del conflicto, cuando este no se puede entender sin ellas (Ver: Incendios forestales y Pueblo Nación Mapuche o documental Plantar Pobreza) Aparecen indirectamente, beneficiadas con medidas -no consultadas- que incentivan el rubro e impactan en el territorio, ¿por qué no son convocados también estas empresas a asumir su parte en el conflicto?
La larga historia de comisiones, mesas, planes, comités, promesas y un largo etc., dirigidos a abordar el conflicto entre el Estado chileno y el Pueblo Mapuche solo ha conocido de fracasos. En este sentido, la triste incapacidad del Estado de aprender de sus errores y horrores, es solo superada por la indolente falta de voluntad política para llevar adelante un proceso de largo aliento junto al sujeto político Pueblo Mapuche. Solo un plan que nazca de tal proceso podrá encontrar aquella justicia que da como fruto la paz. Todavía hay tiempo, pero ¿hay voluntad política?
Publicado por El quinto poder.
