Durante esta semana la Corte Suprema se debería pronunciar sobre la admisibilidad del recurso de nulidad presentado por la defensa de don José y Luis Tralcal, condenados bajo ley antiterrorista en el caso Luchsinger Mackay.

Recordemos que solo siete meses atrás ambos líderes mapuche fueron declarados inocentes por unanimidad. Si bien, para quienes conocían la baja calidad de las pruebas presentadas la absolución era obvia – ¿Cómo podría ser admisible un testimonio logrado bajo tortura y sin permitir el acceso a un abogado? O  ¿Cómo podría ser decisivo determinar la localización de los imputados mediante una antena que no triangula información sino que las ubica dentro de un radio indistintamente? – no fue así para el mundo político, especialmente para quienes hoy son gobierno.

Así, después del fallo absolutorio en vez de preguntarnos como país por los estándares de rigurosidad investigativa y respeto a los derechos civiles de nuestras policías, se acabó cuestionando duramente a los jueces. Pues la lógica que parecía operar rezaba algo como “¿Si los mapuche procesados son los culpables cómo es posible que salgan libres?” El juicio finalmente se anuló y todo se debió repetir con las mismas pruebas. O sea, se debía valorar nuevamente las mismas pruebas.

Desde entonces, este caso se transformó en una suerte de caballo de batalla para el actual gobierno, quién desde temprano levantó con fuerza una campaña para crear la idea de terrorismo en Territorio Mapuche. El gobierno siguió de cerca el caso enviando a Luis Hermosilla a esta tarea. Por otro lado inició un despliegue de recursos que iban desde crear una fuerza antiterrorista, pasando por la compra de vehículos de guerra hasta la formación del Comando Jungla. Se generó un discurso político que incluyo sumar Jorge Luchsinger Mackay en ciertas apariciones presidenciales. Con claridad, se hizo llegar el mensaje.

Después de siete meses de este ambiente enrarecido, quienes fueron considerados por unanimidad inocentes, ahora son condenados como terroristas. Todo con absoluta naturalidad, como las tanquetas, anfibios y vehículos policiales que recorren las comunidades mapuche.

Es necesario desnaturalizar la injusticia contra los mapuche.

No más uso político del caso. No más aplicación de leyes que van contra los DD.HH. No más inculpados sin derecho a un abogado. No más torturados. No más testimonios sin el debido respaldo audiovisual. No más admisibilidad de pruebas telefónicas en las que no se prueba que son los culpados quienes hablan desde teléfonos (que más encima no son suyos) y no se prueba el contenido de la comunicación. No más ocultamiento de pruebas a la defensa para impedir su trabajo. No más testimonios falsos de la PDI. No más salidas inexplicables de jueces antes de alegatos conclusivos. No más persecución al Movimiento Mapuche.

Nulidad y juicio justo para don José y Luis Tralcal.

Publicado en Radio Bío Bío. 

David Soto SJ