La muerte/asesinato de Camilo Catrillanca a manos de efectivos del GOPE ha dejado en evidencia lo que hace más de una década vienen señalando organismos internacionales y nacionales de defensa y promoción de derechos humanos: existe un persistente uso abusivo de la fuerza policial contra mapuche (Ver: Caso Luchsinger-Mackay, DD.DD. y terrorismo) como refrenda el último Informe anual sobre DD.HH. en Chile 2018, elaborado por la UDP (Ver: Derechos humanos de los pueblos indígenas en Chile) . Este peligroso accionar lejos de reducirse a simples salidas de libreto de algunos efectivos policiales aislados, devela fallas estructurales en el modo que las fuerzas policiales han asumido su accionar contra el Movimiento Mapuche bajo el tipo de política indígena asumida por los distintos gobiernos, tal como ha quedado en evidencia con la muerte/asesinato de Camilo, pero que ya se habían expuesto escandalosamente, en la Operación Huracán.

Justamente, esta última operación fue la que antecedió la entrada del actual gobierno. Por ello, resulta inexplicable que hayan optado por fortalecer política y materialmente a las fuerzas policiales que actúan en Wallmapu.  Recordemos que la primera visita presidencial al territorio fue para presidir el Consejo de Seguridad de la Macro Zona Sur, lugar de planificación y articulación de estas fuerzas. En lo sucesivo, el Ministro Chadwick continuó este trabajo. Por ello resulta legítimo y necesario establecer las responsabilidades políticas.

Sin embargo, sin obviar la importancia identificar las responsabilidades materiales, de mando y las políticas, en la muerte/asesinato de Camilo Catrillanca; lo sustancial no ha de buscarse ahí, pues se acabará concentrando el peso de lo sucedido, desarticuladamente, en unas pocas personas que se salieron de libreto. Tal enfoque no permite observar que la muerte/asesinato de Camilo es ante todo consecuencia de un tipo de política indígena desplegada por los distintos gobiernos post dictatoriales (Ver: Camilo Catrillanca, la primera víctima fatal de gobierno). Es por ello que no hace mucha diferencia si el ministro del Interior se apellida Hinzpeter, Burgos, Aleuy o Chadwick.

Lo inflamable es el tipo de política Indígena escogido por los sucesivos gobiernos post dictatoriales (Ver: Plan Araucanía: los errores de la política pública en el conflicto mapuche). Sin un cambio en dicho paradigma la agudización de la violencia e injusticia, se continuará profundizando.

La política indígena de este gobierno ya cobró su primera víctima fatal: Camilo Catrillanca.  Los dos responsables de esta política son el cuestionado ministro Chadwick y el inadvertido ministro Moreno. El primero encargado de la vía represiva, y por ello hoy, en el ojo del huracán. El segundo, a cargo de las propuestas, tanto económico-empresariales como culturales, pareciera no tener relación con los últimos acontecimientos. Sin embargo, es el actor principal, dado la agenda que maneja.

Históricamente ha sido la agenda que maneja el ministro Moreno la artífice de la violencia que ha generado y agudizado el conflicto, demandando un continuo robustecimiento de la vía represiva. Es por la agenda económico-empresarial que se genera la invasión del ejercito a partir de 1860 (Ver: Mitos chilenos sobre el Pueblo Mapuche: mito 3), también por esta agenda se instalan forestales (Ver: Mitos chilenos sobre el Pueblo Mapuche: mito 4), hidroeléctricas, salmoneras y una serie de “iniciativas de inversión” que han significado violencias de todo tipo contra el Pueblo Mapuche y su territorio. Por su parte, la agenda cultural ha evitado una y otra vez todo tipo de reconocimiento de derechos colectivos, perpetuando la violencia del no-reconocimiento.

Es la agenda que comanda el ministro Moreno, la de los famosos planes Araucanía, los que hacen necesario e imprescindible el despliegue de más de 2.ooo efectivos policiales, fuerzas GOPE, Comando Jungla, tanquetas y anfibios. ¿Por qué? Porque mediante esta agenda se niega una y otra vez el abordaje de las demandas políticas levantadas hace décadas por el Movimiento Mapuche, que significan el camino de resolución del conflicto. Así, a través de ésta agenda se blanquea la negativa al diálogo mediante medidas benéficas, periféricas y desarrollistas, no consultadas y mucho menos, elaboradas con los liderazgos mapuche. Y que además, obvian el rol conflictivo y beligerante de forestales, hidroeléctricas, salmoneras y otras industrias que finalmente, presionan el territorio y su gente, a través de sus modelos de negocio que dejan las riquezas del territorio en pocas personas de fuera del territorio.

El resultado no es solo el fracaso de dichos planes -absolutamente previsible por lo demás- sino la persecución y represión vía fuerzas especiales para acallar la demanda de derechos -que siguen ahí por más que se las ignore- que acaba generando una violencia con múltiples víctimas, la naturalización de procedimientos policiales apartados de la ley y dinámicas internas de encubrimiento de evidencias como hemos visto durante el intento de esclarecimiento en la muerte/asesinato de Camilo Catrillanca.

Es por ello, que si verdaderamente se quiere avanzar hacia la justicia y la paz, es la agenda del ministro Moreno la que debe modificarse estructuralmente, partiendo por un cambio en el paradigma de política indígena a la que hoy responde, y de la cual ya hemos constatado sus resultados.

Al iniciar diciembre se abrió una posibilidad que podría significar el inicio de un cambio de paradigma en política indígena, si el ministro Moreno abre la iniciativa de su agenda al Pueblo Mapuche. No se trata de un plan ideado por chilenos, santiaguinos en Santiago para mapuche de la Araucanía. Más bien, se trata de demandas surgidas desde los liderazgos mapuche, desde Wallmapu. El 1 de diciembre, en Temucuicui se desarrolló el Füta Trawün, que reunió un gran número de dirigentes y líderes mapuche de distintos puntos del Wallmapu. Ahí se levantaron cuatro demandas: (1) desmilitarización de Wallmapu; (2) reconocimiento al derecho del territorio ancestral: (3) creación de una comisión de esclarecimientos histórico; y (4) derecho a la libre autodeterminación. No difieren en lo fundamental de lo surgido de la Consulta del Proceso Constituyente Indígena, del año 2017 desarrollada por el Estado (Ver: Proceso Constituyente Indígena, resultado para digerir) ni de lo que por décadas han venido demandando al Estado chileno el Pueblo Mapuche desde los distintos territorios de Wallmapu.

¿Será capaz el gobierno de aprender de la muerte/asesinato de Camilo Catrillanca y reestructurar su política indígena? Esto es, comenzar un diálogo que verse sobre los puntos propuestos, bases para elaborar en conjunto un Plan para Wallmapu. ¿O seguirá tapándose los oídos y continuara hablando de proyectos de inversión, liberalización de la tierra mapuche, reposicionamiento de las fuerzas especiales, reconocimientos sin derechos políticos colectivos y más de lo mismo, ignorando nuevamente lo que sale desde Wallmapu? (Ver: Plan Araucanía: ¿Pueblo Mapuche objeto o sujeto de política?) Los resultados de esta opción ya los conocemos hace tiempo y también quienes los han padecido.

La palabra la tiene el ministro Moreno.

Publicado en Radio Bío Bío. 

David Soto SJ