Este mes nuevamente concluyó el juicio oral por el caso Luchsinger-Mackay. Claro, también había concluido el 25 de octubre del año 2017, ocasión en que todos los imputados fueron absueltos de todos los cargos, cuestión que generó una ola de críticas contra el funcionamiento de la justicia chilena. La rabia de muchos chilenos no encontraba su motivo en la larga e injusta prisión preventiva de los imputados mapuche, sino en la incapacidad de haber demostrado la culpabilidad de éstos (Ver: Comuneros mapuche absueltos ¿qué funciona mal?).  En estricto rigor, el juicio político ya estaba hecho y solo faltaba ratificarlo vía judicial, motivo del gran revuelo por el revés sufrido. Finalmente, el juicio se anuló y vuelta todo de nuevo. Y si bien, el antiguo gobierno se esmeró en una política indígena populista punitiva, el actual ha continuado esa senda pero con una gestión más diligente y alineado.

Tempranamente el nuevo gobierno instaló con fuerzas -mediáticas, políticas y empresariales- su verdad y prioridad: hay terrorismo (entiéndase, mapuches terroristas) en el sur. Todo esto sin prestar atención a las alarmantes situaciones en territorio mapuche, y que hacían absolutamente necesario la tematización política de dichos atropellos, para erradicar la violencia estatal hacia el movimiento social mapuche. Así, sólo en el primer mes de gobierno nos encontramos por ejemplo: con el montaje policial llamado Operación Huracán para acabar con líderes mapuche;  el descarte del suicidio de la defensora ambiental Macarena Valdez, en medio de un conflicto territorial (Ver: ¿Crimen o suicidio? Las sospechas tras la muerte de Macarena Valdés); el reconocimiento por parte del Estado en su responsabilidad en la muerte de Alex Lemún; y la infancia mapuche que continuaba siendo violentada (Ver: ¿Tiempos mejores para Wallmapu?).  Justamente, el último atentado contra la niñez mapuche, que por cierto no recibió más cobertura en los noticiarios centrales que un asalto, fue que carabineros obligó a tres estudiantes mapuche menores de edad a desvestirse en un control policial. Sí, escucho bien, los obligo a desvestirse (Ver noticia aquí). En la prensa estas cosas no figuran ni tampoco escandalizan.

El caso Luchsinger-Mackay desde temprano ha representado la punta de lanza del nuevo gobierno para endurecer el populismo punitivo que ya venía desarrollando Bachelet hacia el Pueblo Mapuche, y en este sentido caben serias preguntas respecto al verdadero compromiso con la justicia, respecto a los familiares de las personas asesinadas, como respecto a quienes se busca culpar. Encontrar culpables y configurar terrorismo es el punto de apoyo para iniciar una nueva “pacificación” en la Araucanía. El juicio, el repetido, parece apuntar justamente a esto. Por supuesto, no sin tremendas incoherencias jurídicas, propias del realismo mágico de Macondo.

La gran prueba es el testimonio de José Peralino Huinca, quién declaró haber sido sometido a tormentos para la declaración donde menciona a los otros diez imputados (Ver: Tribunal ordena dar curso a causa por apremios ilegítimos contra testigo clave del caso Luchsinger). Tal testimonio fue obtenido sin la presencia de algún abogado, en un territorio plagado de abusos policiales contra mapuche que ha significado llamados de atención de diversos organismos de promoción y defensa de los derechos humanos (Ver: Cambia, nada cambia: nueva muerte mapuche). Más aún, no existe una sola evidencia audiovisual donde se pueda ver a Peralino afirmando tal testimonio. O sea, el único lugar donde habría confesado, es a solas con dos policías. Al menos tendrá que conceder que hay vulneración de las garantías procesales.

Luego, nos encontramos con otras situaciones que francamente hacen sospechar del fallo. El gran argumento que se habrían reunido todos en casa de la Machi Francisca Linconao para tramar el asesinato se viene al piso con la sentencia absolutoria de la Machi. La geolocalización que se esgrime también es débil. No solo por temor de un nuevo programa Antorcha, sino por lo impreciso, y también contradictorio con las pruebas que presentan los acusados, respecto a su estadía en un lugar diferente.

Sin embargo, más increíble resulta la calificación terrorista, pues quienes hace un par de meses eran inocentes, ahora resulta que son ¡terroristas! (cabe recordar  que en este juicio no entran nuevas pruebas) ¿Puede existir tal diferencia de consideración sobre las pruebas que donde unos vieron inocentes otros vean terroristas? Claramente el juicio no ocurre dentro de una probeta aislado de toda influencia. Acontece en un país donde históricamente el Pueblo Mapuche ha sido racialmente discriminado, políticamente negado y policialmente perseguido cada vez que se han levantado a demandar sus justos derechos.

La misma invocación y aplicación de la Ley antiterrorista, según Federico Aguirre, Jefe regional del  INDH en la Araucanía, “es constitutivo de una infracción de normas de derechos humanos, en ese sentido, el estado estaría en un incumplimiento que ya fue representado al propio Estado a propósito de otra sentencia dictada en el caso denominado Lonko Norin, Catriman y otros vs Chiel” A esto podríamos sumar numerosos cuestionamientos provenientes de Amnistía Internacional, la ONU y otros organismos de defensa y promoción de los derechos humanos.

Ante todo esto cabe preguntar ¿es peligroso asociarse y movilizarse para reclamar derechos en este país? Si eres mapuche, la respuesta es sí. Usted podrá pensar que es una exageración. Sin embargo, solo en los último dos años tenemos persecución contra ambientalistas mapuche (Ver: Amenazas y persecución contra nuestros defensores) contra prensa mapuche (Ver: Persecución a comunicadores mapuche: criminalizando la palabra del Wallmapu) contra autoridades religiosas mapuche (Ver: Antecedentes de la persecución política y judicial a la Machi Francisca Linconao) y la última gran puesta en escena, el show para inculpar vía invención de pruebas a líderes mapuche, llamada Operación Huracán. Ahora, al parecer le llegó el turno a don José Tralcal, reconocido dirigente mapuche en su comunidad, con un rol activo en la promoción y defensa de los derechos de su pueblo.

Ni el mismo tribunal que en su veredicto los tipifica como terroristas parece creer tal cosa, sino ¿cómo se explica que los envíe con arresto domiciliario hasta la entrega de la argumentación del veredicto? La realidad se impone rompiendo toda lógica, la que si existe difícilmente es jurídica.

Los familiares Luchsinger-Mackay merecen justicia, no hay dudas al respecto. Para ello necesitan que las instituciones efectivamente sean rigurosas y respeten los estándares que democráticamente nos hemos dado. Someter el pesar de la familia Luchsinger-Mackay a los fines políticos de cualquier gobierno es lo más cercano a terrorismo que hemos visto por estos lados.

Publicado en Radio Bío Bío. 

David Soto SJ