Dos días después del lanzamiento del “Acuerdo Nacional” por la Araucanía se movilizaron comunidades mapuche de distintos puntos de Wallmapu hacia Temuco. Entre las cuatro mil personas que llegaron, había dirigentes antiguos y nuevos, de opciones institucionales y no institucionales, amigos y otros que han tenido profundas diferencias, gente de luchas y otros que por primera vez iban a una marcha. El motivo, rechazar enfáticamente el plan anunciado por el presidente Piñera.

Desde distintos territorios, los diversos liderazgos expresaron: “a nosotros nadie nos ha preguntado nada”, “estamos aquí para decirle al Estado y a este gobierno que hace doscientos años no estamos de acuerdo con su modo de desarrollarse”, “nosotros sí queremos proyectarnos, sí queremos un modelo económico, pero sustentado y basado desde nuestra realidad, desde nuestro contexto, desde nuestro kimün, desde nuestra lengua, desde nuestro veyentun, nuestra espiritualidad”, “nuestra forma de vivir es cuidar nuestra tierra, porque es pensando en nuestros hijos, en nuestros nietos y en los que pasaron por nuestro territorio. Es nuestro deber y obligación detener a las salmoneras que se quieren instalar en nuestro territorio, es nuestro deber detener al proyecto MAPA que quiere triplicar la producción de celulosa, de Celulosa Arauco, Angelini, Matte”. Con ésta marcha se inaugura un ciclo de movilizaciones territoriales en la línea de las ideas recién expresadas, expresaron.

Si ponemos atención al contexto y el modo en que se elaboró el plan, además del contenido, notaremos que los planteamientos mapuche están cargados de un profundo sentido de dignidad, valentía y lucidez política. Veamos por qué.

El contexto en que surge el plan.

Con un mes en el poder, el actual gobierno instalaba la idea de terrorismo en territorio mapuche, las fuerzas políticas de su sector habían iniciado una campaña para no renovar el Convenio n° 169 de la OIT y modificar la Ley Lavkenche. El primer acto presidencial en la Araucanía fue presidir el Consejo de Seguridad de la Macro Zona Sur, indicando así, el enfoque y lugar escogido para relacionarse con las demandas mapuche. Esto lo reafirmó tanto con sus primeras y principales medidas: creación de policía anti terrorista, Comando Jungla, compra de anfibios y modificación de la Ley Antiterrorista (no justamente para ajustarla a DD.HH.); como con los nombramientos políticos de quienes liderarían las relaciones con el Pueblo Mapuche: el Ministro del Interior (seguridad), el Ministro de Desarrollo Social, reconocido líder empresarial y el Intendente de la Araucanía, ex presidente de la Asociación Nacional de Agricultura, profundamente involucrada en el conflicto. (Ver: ¿Tiempos mejores para Wallmapu?)

Lo que siguió no ha de sorprender. El caballo de batalla del primer tramo de gobierno para instalar la tesis terrorista fue el caso Luchsinger-Mackay (Ver: Caso Luchsinger-Mackay ¿Uso político o búsqueda de justicia?). Así, la inocencia de los 11 imputados decretada en octubre del 2017, pasó a condena por terrorismo a dos personas, en mayo del 2018, aplicando nuevamente una ley contraria a los DD.HH. contra mapuche (Ver: Caso Luchsinger-Mackay, DD.HH. y terrorismo). A esto ha seguido la instalación del Comando Jungla y sus vehículos de guerra en todo el territorio. Acá, en Tirúa por ejemplo, se estacionan afuera de las escuelas básicas, hacen controles vehiculares con cuatro tanquetas y hasta se les ve en almacenes comprando con sus armamentos. Los allanamientos con caravana de tanquetas a comunidades en la Araucanía han sido constantes, hasta las notificaciones las van a dejar con todo este aparataje. En Temuco a las mujeres mapuche de las comunidades aledañas, que desde que existe la ciudad venden sus verduras en el centro, las han sacado con fuerzas especiales, porque así lo dice una “ordenanza municipal”.

En paralelo a este despliegue represivo, se concretan proyectos empresariales profundamente involucrados en el conflicto y que abiertamente afectarán a las comunidades mapuche, como el proyecto de Modernización y Ampliación de la Planta Arauco (M.A.P.A.) que apunta a plantar 48 mil hectáreas de monocultivo forestal en territorio mapuche (Ver: La fiebre del oro verde en medio del conflicto mapuche). A esto se suma la débil legislación ambiental que desampara los territorios y su gente ante las contaminaciones de las industrias, como la salmonera (Ver: 140 millones de ratones en las aguas de la región de Los Lagos) y el bloqueo a los tratados que permiten a las comunidades defenderse ante estas amenazas, como bien lo demuestra la negativa al tratado de Escazú (Ver: La industria celebra: Chile impulsa tratado de Escazú para no firmarlo).

Éste es el contexto y antecedente inmediato del “Acuerdo Nacional” por el Desarrollo y la Paz en la Araucanía. Y si bien, la concesión al Machi Celestino Córdova para ir a su Rewe y los encuentros del Ministro con Aniceto Norín y Víctor Ancalaf, fueron mediáticamente articulados y crearon la sensación de acercamiento y diálogo, no pasan de calculados y livianos gestos políticos para un conflicto de esta envergadura (Ver: Las presiones en Wallmapu y los gestos de gobierno).

Así, el plan recientemente lanzado no puede disociarse de las medidas políticas ejercidas en el contexto recién dado.

Respecto al modo de elaboración del plan.

Si bien no se puede negar cierta continuidad de éste último Plan respecto al que ya venía trabajando el gobierno de Bachelet, tampoco se puede olvidar que respecto al Pueblo Mapuche, lo de Bachelet fue muy negativo. Ella mandató una Comisión que entregó sus propuestas a inicios del año 2017 (Ver: Comisión presidencial Araucanía: otra oportunidad fallida) Tal trabajo se deslegitimó, entre otras cosas, por marginar a ciertos  sectores mapuche. Pero además, su contenido abundó en referencias al Convenio n° 169 de la OIT pero respecto a cuestiones periféricas, evitando lo central: derechos políticos colectivos. También acogió el mañoso término de violencia rural.

Luego, a pesar de estar invalidada la instancia anterior, lanzó su Plan Araucanía basado en tales propuestas, repitiendo clásicos errores: un plan y no una propuesta de diálogo, querer solucionar un conflicto histórico en seis meses y evadir los derechos políticos de territorio y autonomía, entre otros (Ver: Plan Araucanía ¿Pueblo Mapuche objeto o sujeto de política?).

Con lo anterior, hizo oídos sordos no solo a las interpelaciones que surgían del mundo mapuche, sino también, al mismo Proceso Constituyente Indígena iniciado bajo su gobierno, donde los Pueblos Indígenas en general, y el Pueblo Mapuche en particular, expresaron con claridad sus demandas  (Ver: Proceso constituyente indígena, resultados para digerir) y desde donde se habría podido iniciar un camino de diálogo a largo plazo. Finalmente, su gobierno terminó enviando una propuesta de reconocimiento indígena descremada de todo derecho político colectivo y dejando el proyecto de ministerio indígena durmiendo en el congreso. También terminó con una tremenda represión al mundo mapuche y con el montaje de la Operación Huracán.

Llagada la hora del actual gobierno, nos encontramos con un ¿Acuerdo Nacional? Todos sabemos que más allá de un par de conversaciones entre el Ministro de Desarrollo Social con algunos empresarios y mapuche de la Araucanía, no existe base ni proceso alguno para sostener la existencia de un acuerdo nacional ni siquiera regional. Sin embargo, la lógica de instalar realidades desde las palabras y los medios parece ser la estrategia de gobierno. Una y mil veces habrá que repetirlo: la justicia y la paz no llegaran por menos de una década de procesos de diálogo y gestos concretos. Que cada cuatro años el gobierno de turno quiera resolver el problema tapándose los oídos y cerrando los ojos ante las demandas mapuche, solo lo ha significado dolor, muerte y extremismos que alejan la justicia y la paz.

Y el contenido.

Evidentemente el proyecto planteado por el gobierno tiene propuestas que bien pueden ayudar a  la Araucanía. Sin embargo, un plan que responda a un conflicto de la envergadura que existe entre el Estado chileno, las industrias y el Pueblo Mapuche, en Wallmapu, exige mirar articuladamente tales propuestas y enfocarse en el núcleo del conflicto, de lo contrario difícilmente se llegará a buen puerto.

La tapa del plan nos grafica el problema raíz. Al título principal le siguen las frases: “Sin diálogo no hay acuerdos. Sin acuerdos no hay paz. Y sin paz no hay desarrollo”. El sentido de la política gubernamental apunta a superar la pobreza, problema económico-social (no político) dentro del cual la paz es una de las etapas del proceso. Los especialistas han de ser los empresarios, emprendedores, inversionistas, etc.

Sin embargo, cuando desde el Pueblo Mapuche se expresa que “nuestra forma de vivir es cuidar nuestra tierra”, están planteando este modo de relación como un fin, donde acontece la paz verdadera, y al cual se supedita cualquier desarrollo. Los protagonistas de tal proceso no son los empresarios ni la clase política chilena, sino principalmente el pueblo que la ha cuidado durante más de un milenio y a quienes se les niegan sus derechos políticos colectivos a costa de planes de mejora.

Para llevar adelante la paz, es decir el cuidado de las relaciones del territorio mapuche, este pueblo necesita ser reconocido en sus derechos políticos colectivos: autonomía y territorio, tal como lo han planteado los Convenios y tratados internacionales respecto a los Pueblos Indígenas. Justamente estos derechos, núcleo del conflicto, están ausentes de las propuesta de reconocimiento constitucional (Ver: Plan Impulso Araucanía: lo que el dinero no puede comprar). Puede ver la carencia fundamental del plan, que hace todo los demás inconsistente, en cuanto plan.

Hay otros aspectos derechamente preocupantes. Por ejemplo, el debilitamiento de la legislación de protección de tierras indígenas, mediante flexibilizaciones en cesión de derechos, divisiones comunitarias y arriendos entre otros, que históricamente han significado pérdida territorial y descomposición de las estructuras comunitarias para el Pueblo Mapuche (Ver: Tierras vs territorio: Comunidades y académicos mapuche advierten del retroceso de propuesta que permite venta de tierras indígenas).

Y si bien hay otras medidas que son preocupantes, tal como plantea el Observatorio Ciudadano (Ver: El “Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en La Araucanía”: Análisis crítico desde la perspectiva de derechos humanos), otras medidas son derechamente escandalosas y peligrosas, como por ejemplo, aquellas que buscan incentivar la inversión privada en la Araucanía, mediante franquicias tributarias y otras normativas a fines; pero que podrán terminar favoreciendo a industrias instaladas en territorio mapuche que son parte activa del conflicto: forestales, salmoneras e hidroeléctricas entre otras. ¿No será esto acaso agudizar el conflicto? Esto es alarmante, pues por experiencia ya sabemos de qué lado se pondrán las fuerzas policiales.

Ciertamente hay medidas que representan un avance en materia indígena. Lo mismo que se podía decir en los gobiernos anteriores. Pero lo macabro de tal enfoque de política indígena, de concesiones periféricas que no tocan los derechos políticos demandados, es que también prolongan una situación de dolor, violencia e injusticia.

Publicado en Radio Bío Bío. 

David Soto SJ